 
- La lucha contra la corrupción se inicia a partir de la entrega de la vigilancia del gasto y contratación pública a manos de auditorías privadas que informen de sus hallazgos a la Superintendencia de Control del Gasto Público, entidad que estará obligada a investigar y denunciar las irregularidades a las autoridades judiciales, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar.
- El impuesto plano y el arancel único facilitarán la labor de vigilancia, simplificarán el sistema de recaudo tributario y permitirán eliminar el contrabando como factores de corrupción y desestabilización fiscal.
- La disminución de la parafiscalidad y la competencia interinstitucional reducirá la corrupción de ciertas entidades públicas.
- La justicia verbal, presencial y sumaria descongestionará los juzgados, disminuirá la impunidad del delito y desactivará la “justicia por mano propia”.
- La disminución de los ritos procedimentales innecesarios y de la jurisdicción rogada permitirá una pronta y cumplida justicia. Los corruptos tendrán la seguridad de que serán alcanzados por oportunas y severas sentencias judiciales. La acumulación aritmética de las penas permitirá que los delincuentes cumplan largas condenas.
- Las colonias penales permitirán la descongestión de las cárceles, la clasificación de los reclusos por tipo de delito y la rehabilitación social a través del trabajo productivo. No habrá preso que purgue pena de confinamiento sin trabajo remunerado; los trabajos forzados se destinarán para los más irreductibles criminales.
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