 
- Propendemos por un sistema de autonomía regional para los actuales departamentos, los cuales tendrían capacidad en la administración de sus rentas y recursos.
- Los departamentos podrían imponer tributos sobre la renta y complementarios para personas naturales y jurídicas, así como dar estímulos tributarios para la localización de industrias.
- La Nación contribuiría con un situado fiscal para atender las necesidades más sentidas de los departamentos pero a condición de trasladar en la misma proporción las competencias, las cuales serán asumidas y financiadas por los departamentos. La carga fiscal redistribuida sería tenida en cuenta para una equivalente disminución de los tributos nacionales.
- Se eliminarían instituciones públicas que hayan demostrado su ineficacia en la solución de las carencias sociales y erradicación de la corrupción administrativa.
- El gasto público se reestructuraría a través del presupuesto nacional en virtud de una asignación de prioridades nacionales para el desarrollo económico de la nación de tal suerte que se materialicen los grandes proyectos y cometidos nacionales. Es decir, se desatomizará el presupuesto, se concentrarán los recursos en proyectos que hagan convergir las energías de la nación y se efectuarán los desembolsos por el sistema de “proyectos de gasto” para evitar las obras inconclusas.
- El estado se regiría por un “presupuesto Base Cero” que permitirá que cada año se reestructure cada presupuesto de cada entidad pública a partir de cero para evitar los incrementos inerciales en la asignación de partidas y se contemplen las necesidades reales de cada entidad.
2. Reforma de la Justicia
- Se instalaría en el país una justicia verbal, sumaria y presencial en todos los procesos civiles y criminales.
- Se reformarín los procedimientos que se constituyan en una traba para la administración de justicia. En ningún caso se podría denegar la justicia invocando procedimientos formales que encubran la impunidad.
- Habría una veeduría sobre el trámite y duración de los procesos.
- Habría acumulación aritmética de penas; se establecería la cadena perpetua para ciertos delitos, como la violación de menores, la tortura y ciertos crímenes atroces como el genocidio, terrorismo, sicariato y secuestro. Se establecería por diez años la pena capital para terroristas, sicarios y secuestradores capturados en flagrancia, de acuerdo con la evolución del orden público en el país.
- Serían rehabilitadas las colonias penales y los trabajos forzados para los delincuentes de mayor peligrosidad.
- Para devolverle la seguridad jurídica a los colombianos, hoy perdida por la expedición sucesiva de leyes reformatorias de leyes, en adelante ninguna ley que afecte patrimonial, tributaria o negativamente a los ciudadanos podría ser modificada dentro de los cinco primeros años de su vigencia, salvo sentencia de inconstitucionalidad.
- Habría imputabilidad judicial para ciertos delitos cometidos por menores de edad.
- La justicia volverá a ser creíble en Colombia.
3. Reforma de los Poderes Representativos
- Se exigirían calidades especiales a los congresistas.
- Para independizar completamente la rama legislativa de la ejecutiva, se le devolvería la iniciativa del gasto conculcada en el pasado y vigente en todos los países civilizados. No obstante, el gasto público no podría ser deficitario por ninguna iniciativa gubernamental o congresional. El gobierno no podrá aprobar el presupuesto si éste es rechazado por el Congreso. En ese caso, regirá el presupuesto del año inmediatamente anterior.
4. Control Privado del Gasto Público
- El Estado eliminaría la actual Contraloría y licitará a firmas de auditoría privada el control del gasto público y la contratación administrativa.
- Se crearía una Superintendencia del Gasto Público a la cual irían todas las glosas de la auditoría privada y ésta tendrá la facultad y responsabilidad de investigar y denunciar penalmente el gasto y los contratos ejecutados irregularmente o que muestren serios cuestionamientos.
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