Paz, Justicia y Reciprocidad - Tráfico, distribución y consumo de drogas ilícitas.

La “Asociación Pro-Colombia Libre” parte del principio fundamental de que el tráfico y distribución de drogas ilícitas de origen colombiano no es un problema exclusivo de Colombia ni de sus redes mafiosas. Entiende que en el exterior se encuentran redes de importadores y distribuidores cuyas nacionalidades son del país importador. Entiende también que el amplio consumo en los Estados Unidos y distintos países europeos, incluyendo la despenalización de la llamada “dosis personal” es lo que genera la producción de sustancias psicotrópicas. Por lo tanto, la “Asociación Pro-Colombia Libre” aboga por una modificación en el Código Penal Colombiano que penalice la importación y distribución de sustancias ilícitas de origen colombiano en el exterior y permita que tales ciudadanos extranjeros sean extraditados a Colombia y juzgados bajo nuestras leyes penales.


El narcotráfico es un tema de gran actualidad mundial y constituye uno de los más serios problemas para la humanidad, en general, y para Colombia, en particular.  Algunos países, como los Estados Unidos, lo consideran un problema de seguridad nacional; ya es hora de que Colombia también lo considere así, pues este delito es el causante de miles y miles de muertos entre bandas de narcotraficantes y miles de muertos y secuestrados por las guerrillas que nutren su poder militar a base del tráfico de estupefacientes. Para nadie es un secreto que la guerra que libra Colombia contra la delincuencia organizada y las bandas terroristas ha desestabilizado el país, corrompido su democracia y penetrados sus instituciones.

¡Es hora de acabar con este flagelo, pero de una manera inteligente! La simple represión contra la producción no basta, pues hay también que atacar el consumo, la dosis personal incluida, o modificar las leyes que lo permiten para que la adicción sea tratada como un problema médico cualquiera cuyo tratamiento debe estar a cargo del Estado, lo mismo que el control de los suministros de estas sustancias. No obstante, para dar este paso se necesitan varios requisitos:

  1. Aceptar que no todo el que trafica y distribuye drogas ilícitas colombianas en el exterior es colombiano;
  2. que no todo el que recibe droga colombiana en el extranjero es colombiano;
  3. que la mayor parte de la droga que se distribuye en las calles de las ciudades estadounidenses y europeas se hace por cuenta de estadounidenses y europeos;
  4. que existe una doble moral en la tipificación de los delitos, pues mientras se penaliza la producción no se penaliza el consumo;
  5. que el enjuiciamiento de tales delitos compete a los tribunales colombianos, lo cual significa que la extradición se debe fundamentar en el principio de reciprocidad, inexistente en el momento, y que todo país que se respete la contempla;
  6. que no basta un simple convenio de extradición, sino un tratado que establezca los principios rectores fundamentales de la extraterritorialidad de las leyes penales extranjeras; es decir, toda extradición debe estar regulada por un tratado.
  7. que es deber de la justicia colombiana procesar a sus delincuentes y no delegar en otras justicias lo que puede y debe ser de competencia nacional, salvo lo establecido en el tratado correspondiente.

Las cifras siguientes hablan por sí solas: por ejemplo, de las ventas de cocaína en los Estados Unidos solamente una parte muy pequeña (menos del 10%) se la apropian los capos colombianos; la mayoría de las utilidades se realizan en las ventas callejeras. De hecho, en los Estados Unidos se queda la diferencia entre los 17 mil dólares que vale un kilogramo vendido al distribuidor mayorista y los cerca de 180 mil dólares generados en el mercadeo al detal, del cual han desaparecido prácticamente las redes de colombianos que en muchos casos han sido reemplazadas por redes de mexicanos, norteamericanos, europeos y de otras nacionalidades. De otro lado, gran parte de la droga que entra a los Estados Unidos y a Europa se hace con la complicidad de funcionarios corruptos locales que, mediante pago, lo permiten.


La mayor tajada de los beneficios que produce el tráfico y distribución de drogas ilícitas no sólo se quedan y se lavan en los Estados Unidos, sino que se depositan en un gran número de paraísos fiscales como las Bahamas, Panamá, Islas Vírgenes, Gran Caimán, etc., precisamente donde también se encuentran registradas cientos de compañías ficticias y sucursales bancarias estadounidenses y británicas de los más importantes bancos que esconden grandes capitales para evadir reglamentos domésticos e impuestos, y donde los dineros limpios se mezclan con los que produce la droga. Esto sin hablar de Suiza, Andorra, Montecarlo, y otros países que las leyes norteamericanas no tocan.